La descentralización productiva es un fenómeno de la economía mundial. Es una modalidad de gestión empresarial por la cual una empresa, manteniendo su unidad, otorga mayor autonomía a sus secciones. Ello puede ir junto a la estrategia de división de una empresa original en varias, incluyendo el uso de formas jurídicas diversas: “empresas de servicios”, “franquicias”, “contratos de asistencia”, “contratos de colaboración”, “tercerización”, “contratas”.
Al Perú este fenómeno ha llegado bajo las formas de intermediación laboral, (conocida como sérvices) y tercerización, (expresada a través de empresas contratistas) y está regulada por las siguientes leyes:
— Ley 27626, llamada de intermediación laboral. Ella permite el arriendo de trabajadores como si fueran objetos, modalidad conocida como “services”.
— Ley 29245, llamada de tercerización, que permite la contratación y subcontratación de trabajadores para la realización de actividades permanentes y principales que las empresas deberían efectuar con sus propios recursos.
Estas modalidades permiten pagar a los trabajadores tercerizados, remuneraciones inferiores a los de la empresa principal, creando ganancias a las empresas tercerizadoras. Así mismo suprime la participación en las utilidades de las empresas que utilizan su trabajo, en particular en la actividad minera.
CONSTITUYEN FACTOR QUE DEBILITA LA AFILIACIÓN SINDICAL.
Tanto la intermediación laboral y la tercerización, precarizan el empleo. Los datos estadísticos indican que tanto la contratación temporal como la intermediación y la tercerización han reducido severamente el nivel de afiliación sindical en los sectores en los que con mayor intensidad se recurre a estas figuras.
Desde la década del 90, en el Perú, la tercerización se ha impuesto con el objetivo de: Elevar la competitividad de los negocios a través de la reducción de costos esencialmente laborales. En los hechos ha significado menoscabar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Esta forma de organización empresarial, donde el ciclo de producción se fragmenta, permitiendo a una empresa matriz, segmentar sus diversas áreas en empresas contratistas, genera como efecto, el fraccionamiento de los trabajadores de la empresa principal y de la empresa contratista, con remuneraciones desiguales en perjuicio de los tercerizados.
Esta nueva realidad se ha instalado en los sectores secundario (industria) y terciario, (servicios) de la economía, por lo que urge una política laboral que permita enfrentar con éxito.
TERCERIZACIÓN EN LA MINERÍA
En la minería peruana este sistema reporta las mayores utilidades a las empresas mineras. La Constitución de 1,993 promovió “incentivos a la inversión” con garantías de: exoneraciones tributarias para muchas compañías de este rubro; privatización de empresas públicas; estabilidad jurídica y tributaria; rol subsidiario del estado; revisión de pactos y convenios colectivos; flexibilización de las normas laborales, entre otros.
Esta flexibilización permitió que la exploración, desarrollo, explotación y beneficio de la actividad minera sea preferentemente a través de terceros, facilitando el uso de mecanismos de: intermediación y contratación temporal por empresas mal llamadas especializadas.
En un reciente trabajo de investigación1 se determinó que en el sector minero durante el año 2011, de los aproximadamente 177,431 trabajadores del sector, cerca del 63% perteneció a contratistas (111,511 trabajadores) siendo, en consecuencia, solo el 37% los que mantuvieron una relación laboral con alguna empresa minera (65,920 trabajadores). Esta última cifra ha disminuido en comparación con el 2010, en el que se registraron 67,575 trabajadores directos, mientras la primera, por el contrario, ha sufrido un considerable incremento, pues el año precedente se presentaron 97,956 trabajadores subcontratados.
Igualmente se constató la gran diferencia existente entre las remuneraciones promedio de todas las categorías ocupacionales, pues la diferenciación puede llegar a ser incluso superior al 100 %, conforme se deriva del cuadro adjunto.
Esta desigualdad en los salarios y a partir de ella en las condiciones laborales de trabajadores tercerizados, se reproduce en otros sectores de la economía: en empresas de servicios de electricidad y agua potable, así como en el de telefonía, esta modalidad es empleada desproporcionadamente. La reforma laboral en esta materia es una tarea pendiente.
